Ante las condiciones que imperan en el sistema penitenciario estatal, como hacinamiento y sobrepoblación, casos de tortura, autogobierno, violencia sexual e institucional contra las mujeres y personas de la comunidad LGBTTTIQ+, la Comisión Especial del Sistema Penitenciario debe trabajar en un marco legal eficiente y en políticas públicas que garanticen el respeto a los derechos humanos y la auténtica rehabilitación social.