La figura del abogado resulta fundamental por cuanto es el intérprete de la ley y el intermediario entre la verdad del precepto y la verdad del individuo. El abogado moderno se ve obligado a rejuvenecer cada día su vocación y principios en el estudio de la ley, en la actualización metódica de sus herramientas técnicas e intelectivas y en el análisis crítico de la evolución humana.
Así, el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz hizo la entrega de reconocimientos a profesionales destacados por sus méritos, en el marco del Día de la Abogada y el Abogado; acompañado por el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar.
Para adecuarse con éxito a la globalidad y modernización, la abogacía debe asumirse agente del cambio social y reivindicar el imperio de la ley para beneficio de individuos, comunidades y naciones. En el Aula Magna del Edificio de Rectoría, Barrera Díaz, acompañado de importantes representantes de la ley, recordó que la abogacía ha tenido como objeto el uso de la palabra y la razón, pero también de la ética para buscar soluciones justas a todos los conflictos.
“El prestigio de un abogado se construye con la honradez, la honestidad y el apego a los códigos deontológicos en el ejercicio práctico de la profesión. De este modo, las y los abogados no se sirven a sí mismos, sino a una función social que trasciende”, expresó.
En representación de los galardonados, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura estatal, Ricardo Sodi Cuéllar refirió que la digitalización y el mundo cibernético conllevan nuevos retos y los abogados deben estar preparados para responder a las necesidades de la sociedad en este ámbito en el que se desenvuelven.
“Es tiempo de que el Poder Judicial se renueve y esté a la vanguardia de las necesidades de la sociedad contemporánea, una sociedad que le va a exigir a los abogados tener conocimientos muy particulares, sobre todo de desarrollo y avances tecnológicos”, refirió.
A la ceremonia acudieron integrantes del gabinete universitario, del Tribunal Superior de Justicia estatal, de la Secretaría del Trabajo, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Colegio de Abogados, catedráticos y ex directores de la Facultad de Derecho de la UAEMéx, así como comunidad universitaria en general.